"A partir del próximo lunes se inicia la etapa de conclusión del juicio, de cierre del juicio, y finalmente se estaría dictando la sentencia, en primera instancia, muy probablemente en unos 15 días aproximados", dijo en rueda de prensa el abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez.
El proceso contra el líder del partido Voluntad Popular (VP) llegó a término luego de que el pasado martes la jueza Susana Barreiro, encargada del caso de López, decidiera, según Gutiérrez, "prescindir" de una parte del material probatorio presentado por los defensores y también por la Fiscalía.
La jueza "emitió un pronunciamiento expresando que (...) ella prescindía, desestimaba, eliminaba la posibilidad de esos testigos", dijo Gutiérrez, que explicó que entre las pruebas "se encuentran los mismos discursos por los cuales el señor Leopoldo López está siendo juzgado".
Así las cosas, el próximo lunes 31 se iniciarían los discursos de clausura de la Fiscalía, la Procuraduría, de los abogados defensores de López y los otros cuatro jóvenes que son juzgados junto a él.
IRREGULARIDADES EN EL JUICIO
En un balance de lo que ha sido el juicio contra López, el letrado calificó el proceso judicial como "el antijuicio", porque "es un ejercicio práctico de lo que jamás debe ocurrir en un proceso judicial, es un ejercicio evidente de la sistemática violación de derechos fundamentales y de normas del debido proceso".
El abogado, sin embargo, consideró que a lo largo del proceso la Fiscalía no ha logrado demostrar la comisión de algún delito por lo que en este caso "debe existir una sentencia de carácter absolutoria".
Por otra parte, según informa la web de Infobae, fuentes cercanas al proceso de enjuiciamiento de López revelaron que previo a las acusaciones de distintos sectores del chavismo no hubo una investigación de los hechos por los que se lo acusaba.
De acuerdo a los hechos, el jueves 13 de febrero de 2014, el gobierno del presidente Maduro ordenó su captura de López por presunta responsabilidad en casos de lesiones graves, homicidio y terrorismo sucedidos un miércoles anterior.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, responsabilizó al dirigente opositor de los homicidios ocurridos el miércoles 12, y horas después, la Fiscalía General lo imputó. Ese mismo día, la Justicia venezolana dictó su orden de captura.
El por entonces líder de Voluntad Popular se entregó a la Justicia el 18 de ese mes. Insólitamente, la primera audiencia de su juicio se llevó a cabo en un autobús, en las puertas de la prisión de Ramo Verde.
Desde la oposición denunciaron a lo largo del proceso de enjuiciamiento una falta de ética en el manejo del caso, ya que la Fiscalía y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) –víctimas de los disturbios- fueron parte de la investigación. El arco opositor desde un principio sostuvo que otros organismos podrían haber realizado esta tarea, como la Guardia Nacional y el SEBIN.
Desde la primera etapa del proceso la defensa reclamó la necesidad de incorporar elementos de prueba. Sin embargo, estos pedidos fueron sistemáticamente rechazados tanto por la jueza Barreiro como por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Datos revelados por un informe establecen que parte del material probatorio de la Fiscalía "desapareció" y fue incorporado fraudulentamente en el juicio.
En cada una de las audiencias hubo intromisión militar, la primera vez que esto sucede en un juicio a un civil. Mientras que la defensa estuvo prohibida de ingresar equipos electrónicos y tampoco se permitió el acceso a medios de comunicación, observadores internacionales, o compañeros del partido Voluntad Popular.
El político, identificado con el ala más radical de la oposición, se encuentra privado de libertad desde el 18 de febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde ubicada a las afueras de Caracas y el juicio en su contra se inició el 23 de julio de ese año.
