Actualizado hace: 52 minutos
País
Montecristi será sede para los diálogos

La Asamblea Nacional aprobó ayer el proyecto que condena las manifestaciones violentas en medio de polémicas.

Miércoles 22 Julio 2015 | 04:00

Con 84 votos afirmativos, 30 negativos y 2 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de resolución, presentado por la bancada oficialista para condenar intentos golpistas liderados por opositores de extrema derecha.

La legisladora de PSC-Madera de Guerrero, Cynthia Viteri, fue una de las más críticas, y se refirió del tema. “Esta resolución, señores legisladores, no parará a la gente en las calles, esto harán con su resolución (rompió la hoja), pasarán por encima de la misma. Ecuador no se volverá Venezuela, las enmiendas es nuestro próximo propósito, a rodear la Asamblea, aquí el 80% que quiere consulta debe ser consultado”, indicó.
El legislador Fausto Cayambe, quien propuso la resolución, aseguró que “no vamos a permitir que se desestabilice el régimen constitucional y democrático que vive el país. Por eso es importante el pronunciamiento de esta función del Estado para prevenir, pero sobre todo para cortar de raíz cualquier acto que lleve a esa finalidad”.
Por otro lado, la Asamblea Nacional y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) presentaron la hoja de ruta que tendrán los Diálogos Nacionales para la Justicia Social.
Los diálogos permitirán estar en las 9 zonas de desarrollo que existen en el país con el fin de aglutinar a los diferentes actores sociales. Éstos empezarán el 14 de agosto en la zona 1 y la zona 4 correspondiente a Manabí serán el 4 de septiembre en Montecristi, según la web de la Asamblea.
Human right watch. El gobierno de Ecuador usa leyes represivas contra sus críticos, mientras que los jueces demoran audiencias por presiones políticas y tampoco aplican oportunamente una reciente legislación más benigna, como lo estipula el derecho, dijo Human Rights Watch en un informe divulgado ayer. 
El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, señaló que “estas condenas por terrorismo y sabotaje, que no tienen ninguna base, son un ejemplo claro de cómo el gobierno utiliza leyes represivas contra sus críticos”.
Ante esto, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, rechazó el informe y dijo que se trata de una “infamia” por parte de la organización.
 
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