La denuncia fue presentada el 15 de julio de 2014, por parte de la secretaria de una unidad judicial, quien reportó la pérdida de 40 dólares de su agenda. 

Este dinero correspondía a la indemnización fijada en un proceso que se tramitaba en esa dependencia.

Las investigaciones realizadas sobre la desaparición incluyeron la revisión de un video en el que se observa que el dinero fue tomado por la jueza, quien inicialmente negó tener información sobre el asunto. 

Con estos antecedentes, se abrió un sumario disciplinario en contra de  la funcionaria.

En diciembre de 2014, la Dirección Provincial del CJ, una vez cumplidos los procedimientos administrativos, remitió un informe al Pleno de la Judicatura con la sugerencia de destitución de la jueza.

El 9 de julio de 2015, el Pleno del CJ acogió esta recomendación, razón por la que el director provincial del CJ de Santo Domingo de los Tsáchilas, Marcelo Torres, notificó a la administradora de justicia acerca del cese de sus funciones. 

“No daremos paso a la corrupción, hago un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier acto que infrinja la ley”, refirió Torres, quien anunció que el expediente será enviado a la Fiscalía para que esa entidad inicie la investigación penal respectiva.