En Manabí se detuvieron a seis personas, en Esmeraldas a cuatro y en Imbabura a dos.

Los detenidos son: Wilmer M., Carlos M., Carlos M. Q., José M., Jéssica M., Jhonny M., Fausto S., Luis M., Daniel R., José V., Mayuri Q. y Álex G. 

Alejandro Z., agente de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), indicó mediante rueda de prensa que: “Teníamos denuncias de extorsión en varias provincias del país. Estas personas se atribuían nombres de organizaciones como ‘Los Choneros’ y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. 

Indicó que en este operativo policial se ejecutaron nueve allanamientos. 

Entre las evidencias halladas están: celulares con los que presuntamente realizaban las llamadas extorsivas, un vehículo, una motocicleta y documentos personales.

Seis de los doce detenidos fueron trasladados hasta Santo Domingo. En esta provincia se inició la investigación, que duró un mes.

Según la Policía, estas organizaciones realizaban los supuestos actos ilícitos bajo cuatro modus operandis. 

Hacían llamadas extorsivas por parte de un hombre de acento costeño, quien manifestaba a sus víctimas que sus hijos se encontraban enfermos, heridos o que iban a morir. Para dar más información exigía bajo intimidación que les entreguen entre 1.000 a 10.000 dólares.

Se hacía pasar como miembro del grupo “Los Choneros”, amenazando de muerte o diciendo que atentaría en contra de la integridad física de la víctima si no daban cumplimiento a su pedido.

También se manejaban a través de cartas de carácter extorsivo, haciéndose pasar por organizaciones de las FARC y solicitaban montos de 1.000 a 5.000 dólares y, en caso de no acceder al pago, amenazaban la integridad física de la persona y su familia. El tercer modus operandi era mediante llamadas telefónicas a gerentes de cooperativas de ahorro, exigiendo la cancelación de 80.000 dólares con el pretexto de no enviar información a canales de televisión con el fin de desprestigiar las instituciones financieras.

También actuaban mediante visitas a cadenas hoteleras, donde solicitaban información de paquetes turísticos para extranjeros. Con los datos obtenidos realizaban llamadas a los propietarios de los hoteles con el fin de que cancelen alrededor de 80.000 dólares.