La norma fue aprobada en diciembre pasado por el gobernante Partido Popular en solitario, pero ayer entró en vigor esta polémica Ley con la que el gobierno quiere regular las manifestaciones públicas.

Mientras que el gobierno la defendió como necesaria, la oposición y diversos grupos sociales, como Greenpeace o la organización No Somos Delito, la critican por considerarla represiva.

Publicar en Internet fotografías de policías en ejercicio, manifestarse frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos y protestar en edificios o monumentos son algunas de las acciones que la ley penaliza. 

Las sanciones también van desde los cien dólares hasta los 33.300 dólares dependiendo de la acción.

Los defensores de la prensa están preocupados de que la ley obstaculice a los periodistas, porque establece multas por “uso no autorizado de imágenes” de la policía, sean en vivo o grabadas.