El concejal Estuardo Suín aseguró que en principio “hubo retrasos en la entrega”. 

“El contrato se firmó el 19 de enero y el plazo de entrega era de 30 días. Se supone que para el 19 de febrero ya deberían haber estado listas todas las banderas, pero el día de la inauguración (el 14 de mayo) algunas aún seguían en el piso”, cuestionó Suín. 

Hace dos semanas un grupo de ocho concejales pidió al alcalde Víctor Manuel Quirola el inicio de una investigación respecto al tema. 

El burgomaestre respondió con un escrito en el que pidió a tres de los ediles empezar con la fiscalización. Amada María Ortiz, María Elisa Jara y Estuardo Suín, están a la espera de que la Dirección de Arte y Cultura entregue toda la documentación sobre el proyecto.

Suín indicó que ya tienen copias del contrato pero “faltan los archivos en los que se demuestre -de ser el caso- que la contratista recibió un plazo extra, para que de este modo se pueda explicar el retraso en la entrega. Hay muchas dudas”, dijo. 

Otro de los temas cuestionados es la utilidad del proyecto de embanderamiento.

Suín manifestó que se está determinando “si de verdad el proyecto era necesario”. 

Además han pedido en los almacenes de telas proformas del costo de los materiales “porque unas ya están rotas”.

Entre las novedades encontradas que serán confirmadas dentro de una semana, Suín indicó que se investiga si la contratista tiene una relación sentimental con una autoridad municipal. 

“De ser así el contrato no pudo haberse ejecutado, si esto llegara a comprobarse dicha autoridad podría ser destituida”, dijo Suín.

De su parte, el alcalde Víctor Manuel Quirola sostuvo que las investigaciones permitirán transparentar el contrato. “Hubo muchos comentarios en las redes sociales y eso motivó la investigación. No sólo debemos parecer, sino ser transparentes”, indicó.

 El artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSP) prohíbe a toda autoridad designar, nombrar y contratar a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

En caso de incumplimiento, el hecho será notificado a la Contraloría General del Estado, “para que ejerza las acciones que correspondan y recupere lo indebidamente pagado”, según la LOSP.

Este ente establecerá las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes, según la normativa.