El presidente Rafael Correa ha entrado en sensatez y debemos acoger con generosidad el llamado a un gran debate sobre qué sociedad queremos, y por qué una gran mayoría de los ciudadanos, más del 60 % según encuesta, estaba en desacuerdo con las leyes sobre el patrimonio que había mandado a la Asamblea Nacional. Todos nos equivocamos en cualquier momento y es de lucidez rectificar, entender la realidad. 

La retirada de los proyectos sobre la herencia, patrimonio y plusvalía, debemos asumirla como un triunfo de todos.

Pero fundamentalmente de los ciudadanos. 

El art. 95 de la Constitución, en el título de la Participación del Poder, manda: “principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad”…

La situación económica del país es grave por razones externas e internas. Nuestros vecinos van ya a acceder a los grandes mercados. Devalúan su moneda para manejar competitividad. La necesidad de mantener, ampliar  y mejorar la producción debe ser la gran causa que nos una; y para ello todos los actores deben unirse para enfrentar los desafíos que el país tiene para sostener un crecimiento básico y más que nada dar sostenibilidad a la dolarización.

En este gran marco de visión proponemos: 1) Renovación completa del gabinete y altas autoridades del Estado; 2) Creación de una comisión nacional de fiscalización a la inversión y gestión de obra pública nacional; 3) Creación de un consejo de estado para temática económica, financiera, entre gobierno, GAD/s y sectores productivos; 4) Definir un compromiso de marco de derecho y libertad de expresión, de organizaciones sociales.

El empujar y atizar las movilizaciones, el vilipendiar al opuesto, no es la solución para sostener una economía que enfrente necesidades de inversión, producción, rentabilidad, incertidumbre y amenazas externas, mantenimiento y ampliación de mercados. 

Lo que acontece en Venezuela, Brasil y Chile son ejemplos de lo que no se debe hacer. 

La gobernanza de un país, no es tema simplemente de ideologías, sino de manejo eficiente, transparente y pragmático, del aparato público, para satisfacer  necesidades y demandas crecientes, que es el mandato de los gobernantes.