La decisión fue tomada por asambleas ciudadanas que se realizaron en San Cristóbal y Santa Cruz, según informó Jairo Gusqui, coordinador del frente que se ha creado para exigir al presidente Rafael Correa la derogatoria de dicha ley, que según dijo Gusqui, atenta contra los derechos de los galapagueños.

 

rechazo. El dirigente calificó la medida como “un acto de resistencia”, por tal motivo rechazó el envío de 200 policías a Santa Cruz y responsabilizó al Gobierno y al presidente Rafael Correa “de cualquier situación que pueda pasar en Galápagos”.

También anunció que preparan una acción de inconstitucionalidad de la Ley y un pedido de consulta popular.