En su resolución, el 43° Juzgado Penal de Lima precisó que “se trata de  hechos ya decididos”, al recordar que el caso fue investigado en el 2009 y  archivado en el 2011, y que iniciarse una nueva investigación vulneraría la ley. 

 

La fiscalía de lavado de activos aseguraba que Heredia no habría justificado ingresos por unos 215.000 dólares entre el 2005 y el 2009, lapso en  el cual Humala recibió financiamiento de empresas venezolanas, aunque el propio  gobernante peruano ha descartado cualquier ilegalidad en ello. 

Para el fiscal Ricardo Rojas era necesario establecer “la procedencia y  destino de los ingresos” de esos fondos venezolanos, según la resolución del pasado 29 de enero por la cual reabrió el caso. 

No obstante, la justicia determinó que Nadine Heredia no podrá ser investigada por hechos que anteriormente fueron archivados, tras aceptar una  parte de una demanda de Hábeas corpus que formuló la defensa de la primera dama.