La nueva normativa entrará en vigencia el 1 de enero de 2016 y afectará a los centros de educación básica y secundaria públicos y a los privados que reciben financiación estatal.

“Podemos decir con orgullo que tendremos una educación sin lucro, donde se terminarán las discriminaciones a los niños y el copago dejará de ser una carga para las familias”, dijo Bachelet.

 Sobre el tema de los beneficios económicos, la nueva legislación establece que las sociedades que controlen colegios y opten por recibir fondos públicos -como ocurre con los centros privados subvencionados- deberán constituirse como sociedades sin ánimo de lucro.

En el caso de la educación provista directamente por el Estado, se fortalecerá con un fondo de 250.000 millones de pesos anuales (unos 405 millones de dólares) desde 2016 hasta 2019. 

Bachelet explicó que a partir del año que viene disminuirá la carga financiera de las familias porque el Estado se hará cargo del monto que actualmente pagan en los colegios privados subvencionados.

La Ley de Inclusión Escolar es la primera parte de la gran reforma educativa que quiere impulsar Bachelet y que en las próximas etapas se centrará en la enseñanza universitaria.