La publicación señala que, el gasto público anual que se ha venido destinando para las pensiones que recibirían los mayores de 65 años, en el Ecuador, era de tan sólo 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en Brasil y Argentina destinan el 6,8% y el 6,4%, respectivamente; en tanto que, el promedio en la región es de 3,1%. Esto es una gran diferencia que revela la pobre atención contributiva que se da en el país.

Tomando de base el salario básico unificado (SBU) de 354 dólares, aquí, con la vigente “Ley de Justicia Laboral”, recibirían al jubilarse, dependiendo del monto de los aportes con 10 años, el 50%. Con 40 años, recibiría el 100%. A esto se agregaría el incremento del costo de vida (inflación), que este año estaría en algo más del 4%. Pero con la citada Ley, pierden los que menos ganan y aportan, porque con la derogatoria de la “Tabla de Ajuste de Pensiones” no se reconocerán hasta el 16,2% de subsidio anual. En los 2 ejemplos referidos, si se jubilan este año, recibirían una pensión mensual de menos de 200 y 400 dólares, en su orden.

De otra parte, Ramiro González (ex Director del IESS) señaló que con la eliminación inconstitucional del subsidio del 40 % del fondo de jubilaciones, habrá recursos hasta por 12 años y que al año 2050 la deuda actuarial alcanzaría a 75 mil millones de dólares.

La eliminación del subsidio provocará a futuro una reducción proporcional de las pensiones, no obstante que  se ofrece “garantizar” cubrir las necesidades financieras que demanden las jubilaciones.

El Gobierno ha argumentado que está al día en sus obligaciones con el IESS; que en este hay superávit y que a éste le sobra la plata.

Mas, el Gobierno ha cancelado al IESS 3.439 millones de dólares para estar al día con el Fondo de Pensiones hasta octubre del 2014; y, el IESS a su vez entregó al banco BIESS 7.125 millones para que lo administre, “ganando” una alta rentabilidad. Mas, en las dos operaciones de deuda, al IESS se le entregaron en “garantía”, bonos (papeles), que según se ha denunciado nadie los quiere comprar en el mercado, porque por su alto riesgo, están desvalorizados. Por lo que se ha dicho, que estamos frente a un atraco parecido al de la quiebra de 1999.

Y un gran problema se avecina, con los millones de nuevos afiliados (domésticas, amas de casa, choferes, informales) que impulsa el Gobierno, dada la dificultosa capacidad de pago y de cuantía indeterminada que se afrontará a futuro.