Todos los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria del mandato otorgado a los alcaldes, prefectos y concejales de su elección, por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo. Hasta allí todo se enmarca de acuerdo a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, lo peligroso está en la manipulación de este delicado tema.
Conforme lo establecido en la Constitución, el Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana, los candidatos a las dignidades de prefectos, alcaldes y concejales al inscribir sus candidaturas deberán presentar el correspondiente plan de trabajo como requisito previo. En los casos de incumplimiento del plan de trabajo, la revocatoria de mandato se podrá solicitar transcurrido el primero y antes del último año del ejercicio de sus funciones, por una sola vez dentro del mismo período. Otra de las causales para revocar el mandato a los dignatarios antes indicados, consiste en la comprobación del cometimiento de actos de corrupción; cuando se trate de éstos la revocatoria podrá solicitarse en cualquier tiempo del período para el que fue elegido el dignatario.
Estamos próximos a ser testigos de la aparición de políticos derrotados abanderando y buscando protagonismo a través de iniciativas de revocatorias de mandato, lastimosamente pensando que haciendo politiquería o pescando a río revuelto es la forma de contribuir en la búsqueda de soluciones que permitan el desarrollo de determinado territorio. En esta lamentable realidad como toda regla tiene sus excepciones, los ciudadanos convencidos y con un profundo espíritu democrático nos preguntamos realmente ¿cuántos dignatarios deben irse a su casa por ineptos e incapaces o a la cárcel por corruptos? Esto se determinará mediante un proceso previsto en la ley y además se deberá contar con la voluntad de la ciudadanía, que como principio fundamental deberá ser convocada para que a través de su participación exprese su decisión en las urnas de revocar o ratificar su confianza a determinado representante. Estaremos a la expectativa de observar en el concierto local, provincial y nacional a más de un político o dirigente que quiera aprovecharse de la situación confundiendo a la revocatoria, no como derecho político sino convertirlo en una cacería o persecución por algún interés creado de por medio, o simplemente dejando evidenciada su frustración de no poder ser electo en un proceso electoral y buscar desestabilizar al gobernante de turno.
