El polémico texto, que asociaciones de derechos humanos consideran “liberticida”, contó con el respaldo de la mayor parte del gubernamental Partido Socialista (PS) y de la conservadora UMP, las dos principales formaciones del arco parlamentario. 

El nuevo texto pretende poner al día una ley que data de 1991 y que regula las escuchas telefónicas, el seguimiento de internet, pero también otros tipos de espionaje, como el uso de instrumentos para localizar vehículos y personas. También autoriza el uso de micrófonos escondidos, cámaras ocultas y programas espía. El Gobierno tendrá la posibilidad de reclamar datos a las operadoras de internet para analizar el flujo de tráfico que permita detectar una amenaza terrorista.