2.- Violación del principio de igualdad, el Artículo 68.1 reforma el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social y va en contra de la dignidad humana, que reconoce el principio de igualdad, por lo que no puede justificarse un tratamiento jurídico diferente o privilegiado, tal como ocurre entre la Ley de Seguridad Social y las Leyes de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, que mantienen el subsidio del Estado, incluso en un nivel más alto que el 40 % derogado a través de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral. 

3.- Incremento de pensiones jubilares en base a porcentaje determinado por la inflación, el Art. 69 de la nueva ley, sustituye el Art. 234 de la Ley de Seguridad Social, implica un retroceso al calcular el incremento de las pensiones en base al porcentaje determinado por la inflación, dejando de lado la fórmula adoptada por la Asamblea Nacional en el año 2010, que permitía un incremento de las pensiones en base a un coeficiente de crecimiento. 

4.- Límite a la distribución de utilidades, el Art. 15 de la mal llamada “Justicia Laboral”, reforma el Art. 97 del Código de Trabajo al establecer un límite a la distribución de utilidades de 24 Salarios Básicos Unificados, afectando a los trabajadores privados, vulnerando sus derechos, ya que este derecho es utilizado para vivienda, educación y salud de sus familias, y afecta un derecho adquirido, violentando el principio de progresividad de los derechos, previsto en el Art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

5.- Indemnización como incentivo para la jubilación, los Arts. 63 y 65 de la Ley de Justicia Laboral que reforma el Art. 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el Art. 23 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, atentan contra el principio de progresividad de los derechos, congelando la indemnización que tienen derecho los trabajadores públicos para la jubilación, anclándola al salario básico unificado vigente al año 2015.