El ejecútese del presidente se dio tres días después de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la normativa, con 91 votos a favor y 29 en contra. 

El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, confirmó  que la ley entrará en vigencia mañana lunes, tras su publicación en el Registro Oficial.

Luego de su aprobación, las protestas se hicieron presentes en una parte de la población. Especialmente entre los jubilados.

Entre los principales cambios de la ley, está la eliminación del aporte fijo estatal del 40 % a las pensiones jubilares. 

Ahora establece que el Estado garantiza el pago de las pensiones independientemente de su monto, y podrá aportar recursos para ello cuando sea necesario.

Walter Loor Marcillo tiene 76 años y hace 5 es jubilado. Su principal preocupación es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no pueda asumir el pago de su pensión jubilar en un futuro.

Según dijo, “tras 40 años de aportación, recibo una pensión irrisoria”, por lo que la eliminación del aporte estatal “es un agravio para los jubilados”. 

Agrega que su “baja pensión” no es el único problema, ya que la prestación de servicios médicos tampoco es el mejor. 

“Al Seguro hay que reorganizarlo, no hay medicinas ni especialistas”, indica.

Opinión similar tiene Ramona Cevallos Cedeño. Ella considera que la anulación de dicho aporte “es un asalto al jubilado”.  “Con todo lo que se dice, en los jubilados hay preocupación. A mí me preocupa que el IESS se quede sin dinero, entonces qué pasaría con nosotros y los futuros jubilados”, expresa.

Por contraparte, Olga Macías de 71 años se siente tranquila, ya que asegura que la ley pone por encima de todos el bienestar del trabajador y los afiliados. 

“Yo confío en que estos cambios nos darán beneficios. El Gobierno no hará nada que nos perjudique”, manifiesta.  

Cristina Reyes, asambleísta y miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, indica que dicho artículo “es peligroso, porque lleva a que el Ejecutivo no cumpla con sus obligaciones con el Seguro Social, dejándolo indefenso”. 

“Es un asalto al IESS”, dice Reyes, agregando que el Estado sí tiene una deuda con la institución “la cual consta en documentos públicos que yo presenté”. “Que el presidente (Rafael) Correa se niegue a pagar esta deuda es ilegal e inmoral”, añade. 

Reyes asegura que el Gobierno mantiene una deuda con el IESS de 1.875 millones de dólares, teniendo como base un documento de Contraloría fechado en marzo del 2015. 

Richard Espinosa, presidente ejecutivo del Consejo Directivo del IESS,  asegura que no hay deuda y agrega que no se afectarán las pensiones, pues la institución tendrá 3.469 millones de dólares, mientras que los gastos previsionales y de funcionamiento serán de $ 2.960 millones.

Los asambleístas opositores consideran que si bien los problemas no se presentarán en este Gobierno, se está creando un inconveniente que tendrá que enfrentar una futura administración, con un alto riesgo para los afiliados y el IESS. En Madera de Guerrero destacan que es mejor aportar año a año, que en un futuro, y ante una posible crisis intentar buscar la totalidad de los recursos.

AMAS DE CASA. De acuerdo al artículo 66 de la ley, 1’500.000 amas de casa podrán acceder a la afiliación y pensión jubilar, las cuales se sumarán a los 2’987.652 afiliados activos que tuvieron la cobertura del servicio en 2014.

Sin embargo, dichas afiliadas no tendrán acceso a las prestaciones de salud. Además, para acceder a la jubilación, las amas de casa deberán tener 65 años y 240 aportaciones al IESS. 

Shirley Alcívar Meza, de 52 años, dice estar confundida. “Para qué voy a afiliarme si no tendré acceso al servicio de salud”, cuestiona Alcívar, agregando que actualmente ella se sirve de la salud pública. 

“Me parece ilógico que una persona se afilie y pague mensualmente un dinero, sin recibir mayores beneficios”, señala. 

Carmen Mero, por su parte, es ama de casa y se dedica a la venta de empanadas y corviches en Portoviejo.

Ella afirma que “hace muchos años me afiliaron, pero creo que mi jefe nunca pagó los aportes”. Ahora, se siente en el limbo; sin embargo, la opción de afiliarse aún no la ha discutido con su esposo. 

“Debemos analizar los gastos y si es accesible o no que yo me afilie”, menciona Mero. 

Elba Intriago, jubilada de 76 años, muestra preocupación por el aumento del número de afiliados, ante la eliminación del aporte estatal. “En unos años seremos muchos más jubilados, esto nos podría afectar”, dice. 

El asambleísta de gobierno Carlos Bergmann explica que este artículo es importante ya que “las amas de casa han entregado su vida por sus familias, y ahora podrán asegurar una vejez de dignidad y satisfacer sus necesidades”. 

Sobre las prestaciones de salud, Bergmann defiende que en el país “hay un sistema de salud integral, al que todos tenemos acceso”. 

Asimismo, el legislador descarta que el Seguro Social vaya a quedarse sin fondos en un futuro. 

“La población de Ecuador es muy joven. En unos años, estos jóvenes se incorporarán al sistema de seguridad social y con sus aportaciones ayudarán a que ésta subsista”, menciona. 

La Ley de Justicia Laboral también crea el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para viabilizar el principio de diálogo social, así como las recomendaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo.

Además posibilita a los trabajadores decidir si reciben los décimos mensualizados o como hasta ahora.