Lo cierto es que la situación económica por la caída en el precio del petróleo ha traído, como una de las consecuencias, que la cuerda se rompa por el  lado más delgado, afectando a la clase más vulnerable en una sociedad civil como lo es la del adulto mayor; y más concretamente, a los pensionistas  y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Como es conocido por todo, por así haberlo informado detalladamente los medios de prensa independientes, la intención gubernamental es la de tratar seguir metiendo la mano en las instituciones  autónomas como en este caso lo es el IESS. Y todo por no haber sabido guardar oportunamente las necesarias reservas; y al encontrarnos ahora con un déficit  económico por esa baja cotización del petróleo, se dice que hay que ahorrar presupuestariamente; y en vez de suprimir tanta burocracia exagerada e innecesaria, que ha venido creciendo con la creación y subdivisión de tantos ministerios, el Ejecutivo apuntó a la clase vulnerable, como lo es la de los pensionistas y jubilados.  

Se puso de pretexto que la Ley de Seguridad Social, en la que se autoriza y manda la aportación del 40 % para el pago de las jubilaciones, no tiene su correspondiente reglamento y por consiguiente, según ellos, esa ley es inaplicable. Pero no se dice que ese reglamento fue elaborado por los directores del IESS y remitido al Ejecutivo hace 6 años para su respectiva promulgación, detalle este que no ha sabido cumplir la Presidencia de la República, diciéndose ahora que esa ley no es aplicable, cuando la misma lo ha venido siendo  durante estos años.

Y es por ello, que las deudas anteriores han sido pagadas; y la de ahora, que suma cerca de mil ochocientos millones de dólares, está siendo negada, aduciéndose todas esas inconsistencias oficiales y tratándose de aprobar una nueva ley por medio de la cual se elimina esa obligatoria participación del 40 %.

Se está a tiempo todavía de que se respete la disposición constitucional que manda y obliga a que ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de los fondos y reservas del IESS, ni menoscabar su patrimonio. La supresión de esa contribución del 40 % afectaría a un grupo importante de personas, el que, al cabo de unos diez a quince años, tendría dificultades en recibir cumplidamente esas pensiones y jubilaciones, como sucede ahora.

Por ello creemos que esa mentada reforma no debe pasar más allá de la comisión y ser negada por el pleno de la Asamblea. Si no es así, es cuestión entonces de esperar dos años, que con el cambio de Gobierno en el 2017, esta absurda ley será derogada.

Tengamos paciencia. Y por ahora sumémonos al rechazo de esa supresión del 40 %.