El problema está en la zona rural, donde los campesinos siguen usando las camionetas y haciendo trasbordos ante la falta de otra opción.

Según la directora zonal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT),  Vanesa Castillo, el proyecto que busca proveer del servicio de transporte público a los habitantes de la zona rural tiene un 65 % de avance.

Este porcentaje comprende el estudio para determinar las rutas y frecuencias, así como la cantidad de unidades que se necesitaría para cubrir la demanda de estos sectores.

El porcentaje restante por cubrir del proyecto, tiene que ver con la calificación de los vehículos a los cupos asignados, tema que, según señaló Castillo, es responsabilidad de las cooperativas a las que se les ha asignado las nuevas rutas y frecuencias.

concesión. En Manabí el parque automotor de transporte público interprovincial e intercantonal registra 230 unidades, según datos de la ANT. 

La concesión de las nuevas rutas y frecuencias significa un aumento de entre el 15  y 20 % de este parque automotor, para poder cubrir la demanda que determinó el estudio de la ANT.

REALIDAD. Estas cifras de escritorio no concuerdan con la realidad de las cerca de 600 mil personas que viven en la zona rural (cifra del último censo poblacional) en Manabí, la mayoría de ellos con problemas para poder transportarse desde sus comunidades hasta las cabeceras cantonales debido a las restricciones legales establecidas en el Código Penal y Ley de Tránsito.

EJEMPLOS. En Pedernales, por ejemplo, hay cuatro rutas que conducen a diferentes zonas rurales de este  cantón. A lo largo de estas vías existen más de 40 comunidades, y una sola compañía de transporte que brinda sus servicios en 30 camionetas. La gerente de esta compañía, María Rosado, asegura que en seis meses cambiarán sus camionetas por buses; sin embargo, ella se pregunta qué pasará con las personas que viven en los lugares en donde los buses no pueden llegar.

En Jipijapa ocurre una situación parecida. Parroquias como Julcuy, La América, Pedro Pablo Gómez, y las comunidades de paso, no cuentan con el servicio de transporte público regularizado. 

Por ahora, los habitantes de estos sectores lograron un acuerdo con las autoridades policiales y municipales para que las camionetas puedan realizar el transporte cumpliendo varias condiciones -como evitar el exceso de pasajeros y tener los carros en buenas condiciones-. 

Sin embargo, no faltan las voces de desesperación que cuestionan las restricciones legales, como don Félix Figueroa, de la comunidad San Cristóbal de Jipijapa.

“Si no vamos a poder trasladarnos en las camionetas, no queda más que migrar a la ciudad, porque en el campo no se va a poder vivir”, dice desesperado este agricultor, quien viaja tres veces a la semana desde su comunidad hasta Jipijapa.

BUSES LLENOS. En el cantón Pichincha no sólo las comunidades rurales tienen problemas para trasladarse hasta la cabecera cantonal. 

Quienes viven en los sectores que atraviesa la carretera San Plácido-Pichincha se quejan de la falta de frecuencias. 

Las dos cooperativas que brindan este servicio por esta vía no se alcanzan para cubrir la demanda de usuarios. Al respecto una usuaria, que no se identificó,  se burló de la situación, “que ironía, prohíben el transporte en camionetas y los buses llevan exceso de pasajeros, lo que también es sancionado”.

En Junín no hay buses urbanos, y el traslado hacia barrios, ciudadelas y recintos es en camionetas. Hay una compañía de transporte comercial en taxi, cuyo permiso de operación está en proceso. 

En las cercanías del mercado es donde se agrupan los choferes y sus camionetas para hacer la transportación.

“Estamos en un proceso para elaborar un plan de movilidad, en el cual se analizarán todos los eventos que se realizan en el cantón y darles una posible solución”, dijo Gabriela Vera, directora de Planificación del municipio.

Luis Solórzano, dueño y chofer de una camioneta, que usa para el traslado de personas y carga, indicó que la geografía de Junín es muy irregular y es imposible que buses o autos lleguen a los recintos.

“Los campesinos necesitan de nuestras camionetas. Los caminos están feos y para allá no entran los buses”, aseguró el transportista.

En Chone la situación no es diferente. Para Ramón Moreira, presidente de la transportación rural,  las cooperativas reguladas de buses urbanos no van a llegar hasta los confines de las montañas a donde ellos llegan, como La Tablada de Sánchez, Tres Esquinas, Culebra, El Ceibo y otros, donde arribar en bus resulta difícil, dijo Moreira. 

Ellos no están en contra de la regularización del transporte, por lo que aspiran brindar el servicio en base a lo que dispone la Ley.

El coordinador de tránsito de Chone, Quinto Alcívar, señaló que desde la municipalidad se está trabajando para buscar la manera de solucionar este problema.

En Santa Ana, la prohibición de cargar personas en camionetas tiene a los habitantes de la zona rural sin saber qué hacer.

Durante una reunión entre representantes comunitarios y autoridades municipales para tratar el tema, realizada en la comunidad Taina, uno de los dirigentes comunitarios, Clotario Macías, le preguntó al alcalde, Fernando Cedeño ¿Cómo haría con 50 burros amarrados en los alrededores del mercado?.

Según las autoridades de este cantón, el municipio todavía no cuenta con ningún plan para ayudar a los afectados.