Todas las televisiones griegas son ilegales. Todas excepto Nerit, la televisión pública, funcionan desde su creación a finales de los ochenta con licencias provisionales, que se concedieron sin un riguroso concurso público y cuya validez expiró hace años.

Hasta ahora ningún Gobierno ha emitido licencias oficiales para poner coto a este limbo fiscal en el que se han asentado todas las televisiones y radios en manos privadas desde que en 1989 el Parlamento griego legislase sobre la emisión privada.

"Estamos examinando el mapa mediático del país y lo que queremos es que esté totalmente acorde con la legalidad", aseguran a Efe fuentes del Ministerio de la Presidencia de Gobierno, encabezado por Nikos Pappás.

Afirman que esta "peculiar situación" se ha generado "por la tolerancia de los anteriores Gobiernos" a los que les ha interesado permitir la morosidad "para reforzar sus vínculos con los propietarios de los medios" y así influir en la información.

Estas fuentes reconocen que el Gobierno aún no tiene fecha para aplicar esta remodelación, pero recalcan que se comprometen "decididamente" a cambiar la relación del Estado con "todo el mercado audiovisual"; no en vano es una de las medidas que el Ejecutivo incluyó en la lista de reformas acordadas con los socios.

Esta reorganización pasa por exigir a grandes cadenas como Mega TV, la privada más antigua y con mayor audiencia de Grecia, Skai TV, Ant 1, Alpha TV o Star TV que abonen los gastos de explotación de las licencias de emisión, que no han aportado ni siquiera en los periodos en que han tenido grandes ingresos publicitarios.

El Ejecutivo de Alexis Tsipras se ha propuesto que la "oligarquía", como él mismo la ha denominado, pague impuestos, lo que implica dirigir la mirada hacia los consejos de administración de los grandes conglomerados mediáticos, donde se sientan buena parte de los ricos griegos.

Los más pudientes en Grecia, que han sido tradicionalmente los armadores, gracias en parte a que sólo pagan una tasa fija por los barcos de carga a su nombre, han apostado en las últimas décadas por invertir en el sector audiovisual, una fuente de prestigio y sobre todo, de influencia.

Mega TV pertenece al grupo Pegasus, que tiene entre sus principales accionistas a Yorgos Bóbolas, un importante hombre de negocios griego que dirige además la empresa de construcción y energía Elaktor, con gran peso en el sector de la obra pública.

Junto a Mega, Skai TV, del Grupo Skai, confirma esta estructura. Es propiedad de la familia de armadores Alufuzos, que aúna además de emisoras de radio y portales digitales, el diario Kathimerini, uno de los más influyentes del país.

"Algunos empresarios influyen en políticos y funcionarios del Estado o abusan de su control de los medios para ganar injustamente contratos estatales, cambiar normativas según su beneficio o escapar de la persecución de conductas ilegales", afirmó el ministro adjunto de lucha contra la corrupción, Panayotis Nikoludis, un juez especializado en delitos económicos que se ha puesto al frente de este nuevo departamento.

Otro de los grandes desafíos de este Gobierno en materia audiovisual es la promesa de reabrir la radiotelevisión pública griega (ERT), que el Gobierno del conservador Andonis Samarás cerró unilateralmente el 11 de junio de 2013.

Tsipras anunció este viernes que el próximo jueves se introducirá en el Parlamento el borrador de ley que prevé la reapertura de este ente, dando la posibilidad a todos los trabajadores despedidos que lo deseen a regresar a sus puestos de trabajo.

Se trata de 2.595 empleados fijos que perdieron su empleo, menos unos 600 que se han prejubilado.

Tsipras aseguró que la reapertura no supondrá un gasto adicional para el presupuesto -los ciudadanos pagan un canon televisivo-, lo que significa que se puede llevar a cabo sin consultarlo con los acreedores internacionales.

"ERT volverá con todos sus antiguos servicios, pero sin la parte digital por el momento", explica a Efe Fuli Savitsanu, una de las periodistas despedidas que conduce un programa de radio en la plataforma ERT Open, creada por los trabajadores que siguen emitiendo de forma autogestionada.

"No queremos una tele como la que había, queremos algo diferente en que haya pluralidad de voces y resultados profesionales", apunta Fuli, que aclara que tras la readmisión, el Gobierno emprenderá un proceso de reestructuración del ente, que puede durar hasta un año, para evaluar el personal y los departamentos necesarios. EFE