No obstante esta estrategia, ciertas desconcentraciones de poder concedidas a los gobiernos seccionales fueron medidas y calculadas con bisturí e inyectadas como  con anestesia;  proyectadas a ejecutarse en un espacio de tiempo que diera como efecto; y, en gran medida,  eliminar la capacidad de reacción, operaba ya la prescripción del derecho de impugnar vía legal de la norma expedida.

Por citar un caso, la capacidad de los GAD municipales de establecer el precio del transporte público acorde a la realidad del medio, sin lugar a dudas, elimina esa papa caliente del poder central, que siempre cuando en antaño se establecía un precio, por mínimo que fuera el incremento, generaba  protestas estudiantiles y de la clase popular que era necesario evitar. Concesión otorgada y que aún mantiene en abierta pugna al GAD Municipal Guayaquil con el gobierno central, a tal punto que el Ab.  Nebot Burgomaestre de una ciudad con un  alto tinte y componente político como es la Perla del Pacífico, se propone establecer un incremento en las tarifas de transporte, vinculada su decisión al pronunciamiento popular vía consulta, en una mecánica que muchos no concuerdan, por el evidente conflicto de intereses que existe con el ciudadano consultado. En contraste, el GAD de Manta, sin mayores protagonismos ni estudios costosos, se pronunció por un incremento que ya se está aplicando y sin mayores protestas, y estableciendo una especie de denominador común en lo establecido,  que es lo que tiene en aprietos a otros GAD que con poblaciones en un alto porcentaje,  si son actores directos y participan en estos tipos de resoluciones que inciden en el bolsillo del vecino del cantón, aún no resuelven la tarifa a fijar como costo del transporte. Es este aspecto, el principal puerto del país como es  Manta, se ha convertido en una especie de isla de paz, donde las resoluciones municipales son digeridas casi sin protesta, a tal punto que en plena época de las vacas flacas, con un precio del barril de petróleo por los suelos, con un decremento del presupuesto estatal restringido en gran porcentaje, se dio el lujo de incrementar el sueldo al alcalde y de los concejales  en un gran porcentaje, en una decisión por demás inoportuna, por decir lo mínimo. Pues mientras a muchos servidores públicos, exigidos a trabajar un mínimo de ocho horas diarias, con años de servicios y capacidad probada, a los jubilados y otros sectores, se les está reduciendo  los sueldos y pensiones a decir por la crisis, ellos con apenas ocho meses de funciones, se han auto evaluado con resultados positivos.