La legislación ecuatoriana no considera delito a la crítica o a la sátira en ninguna de las formas, incluidas las redes sociales. En cambio, sí toma en cuenta a la calumnia, que consiste, según el Código Orgánico Integral Penal, en la falsa imputación de un delito en contra de otra persona.

Los intentos por penalizar la crítica en las redes sociales no han tenido éxito hasta ahora, pese a que no han faltado las propuestas en ese sentido, sobre todo del sector oficial.

Investigar desde los círculos oficiales la cuenta de una persona o conglomerado por el hecho de que desde ellas se critica al poder puede convertirse en una forma de vulnerar la libertad de expresión.

La tolerancia y el respeto a la opinión ajena, incluso cuando pueda resultar incómoda, deben primar en una sociedad democrática, mucho más en quienes, como los gobernantes, están sometidos al escrutinio público.