Preservar la integridad  de los suelos constituye una garantía en  la lucha contra la pobreza, en la mitigación del impacto del cambio  climático y la escasez de agua, mientras se agudizan en todas las regiones los problemas de desertificación,  sequía o inundaciones  y la pérdida de suelos por el embate incontrolable  de la erosión de todo tipo, elementos negativos que desafían los principios del desarrollo sostenible, especialmente de las naciones menos desarrolladas. El suelo alberga la cuarta parte de la biodiversidad del orbe, de allí que en una pequeña cucharada  existe más organismos vivos que habitantes del planeta, estructura  que es obligación preservar en beneficios de las actuales y futuras generaciones. Los peligros que se ciernen  son de tal magnitud que se calcula que cada año se pierden 50 mil kilómetros cuadrados de suelos, mientras que se sellan 11 hectáreas por hora para dar paso a la expansión urbana  en Europa, como también asusta conocer opiniones que señalan que en 60 años desaparecerá la capa arable y el 33 % está ya degradada. Paradójicamente su extinción es fácilmente comparada con  los 1.000 años que tardaría en generarse 2 a 3 centímetros de campo fértil. Esto justifica que en Uruguay se haya promulgado una ley especial para su protección, con el señalamiento de fuertes sanciones para quienes cultiven sin observar los preceptos de sostenibilidad de ese reducido espacio de  tierra.

Se debe promover una conciencia proteccionista de esa tenue capa de labranza, fuente agotable de vida, lo cual está acorde con  la Constitución ecuatoriana cuando proclama que “es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil...” y ordena que se dicte la normativa necesaria para evitar la contaminación y afectación por prácticas  agrícolas que la contradigan. Urge por tanto, una movilización nacional hacia ese  objetivo.