La votación de la extensión de las medidas comerciales para Ecuador se produjo en un momento en el que la UE y Ecuador ya han finalizado la negociación técnica de un tratado de libre comercio, mediante el que el país andino se adherirá al acuerdo vigente con Colombia y Perú.

No obstante, el procedimiento necesario para su entrada en vigor puede llevar hasta dos años más.

En este contexto, y para evitar el vacío que existiría entre la expiración de las actuales preferencias comerciales, que Ecuador perderá el día 31 de diciembre de 2014, y la entrada en vigor del futuro acuerdo comercial, la Comisión Europea propuso la extensión inmediata de los actuales niveles arancelarios desde el día 1 de enero de 2015 y por un plazo de dos años.

Precisamente, la UE y Ecuador rubricaron el pasado 12 de diciembre el acuerdo de libre comercio cuya negociación concluyeron en junio, con la confianza de que pueda entrar en vigor en 2016.

El ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, rubricaron el texto en una ceremonia en la sede de la Comisión Europea (CE) en la capital belga.

A través de este acuerdo, Ecuador se sumará al tratado de libre comercio multipartito ya en vigor entre los Veintiocho y Colombia y Perú, pero con la garantía de que en el texto se han tenido en cuenta las especificidades de la economía ecuatoriana, según el ministro.

Rivadeneira afirmó que "ambas partes salen ganando" con este acuerdo, al tiempo que se mostró convencido de que Ecuador podrá en el futuro "exportar más productos, con mayor valor añadido", y puso como ejemplo el chocolate que se consume en Europa principalmente producido con cacao ecuatoriano.

"Por qué no competir directamente con el chocolate europeo" en un futuro, comentó el ministro.

Por su parte, Malmström afirmó que "creemos que puede entrar en vigor este acuerdo en 2016".

Para ello, aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y la Asamblea Nacional ecuatoriana -momento en que se aplicará de manera provisional hasta que le den el visto bueno los 28 parlamentos nacionales de la Unión- y firmado por ambas partes.

La comisaria destacó que este tratado "tiene que ser complementado con sólidas y aplicables políticas nacionales, incluyendo los derechos laborales, los derechos humanos y la protección medioambiental". EFE