La incursión guerrillera tuvo lugar en un sector rural del municipio de Puerres, en el departamento de Nariño (suroeste), y además dejó 17 militares heridos y daños ambientales incalculables por un atentado contra un oleoducto, que produjo el derrame de petróleo.

 

 dECISIÓN. La decisión fue tomada por el Consejo de Estado, principal tribunal de la justicia contenciosa administrativa, que concluyó que el Ejército, en representación del Estado, omitió cumplir normas de seguridad con las cuales se pudo haber evitado el ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Además, el tribunal le pidió a la Unidad de Delitos Ecológicos y Ambientales de la Fiscalía General que evalúe si se debe investigar a las FARC por los daños a la naturaleza ocurridos por el derrame de petróleo.

El ataque fue cometido por unos 500 miembros de las FARC que el 15 de abril de 1996 tendieron una emboscada a un convoy del Ejército que se movilizaba por una carretera en las inmediaciones de Puerres, 570 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Asimismo, el tribunal manifestó que en la investigación se demostró que los vehículos utilizados por los militares “no eran los más indicados” para la topografía del lugar y que los oficiales al mando cometieron el error de transportar los equipos de comunicación en la vanguardia, por lo que no se pudo pedir el envío de refuerzos cuando empezó el ataque. 

El grupo guerrillero, por muerte, captura o deserción de sus integrantes, cuenta ahora con unos 9.000 miembros, informó diario El Universo.