“Hubo una denuncia de que se estarían introduciendo alimentos. Además de que presuntamente se estaría negociando con las tiendas, diciendo a las PPL (personas privadas de libertad) que deben pagar para que éstas funcionen”, explicó el fiscal Párraga.

El funcionario agregó que por este caso se abrió una indagación y el miércoles se hizo un allanamiento en la cárcel El Rodeo, en el que participaron 40 policías.

El 24 de noviembre otro funcionario de El Rodeo fue detenido, pero en dicha ocasión la investigación era por un supuesto uso doloso de documentos públicos, dijo el fiscal.