Según el documento enviado a la SB las empresas se autoliquidaron por falta de garantías jurídicas. “Bajo este marco de inseguridad jurídica que vive el país y por qué no decirlo dentro del Ministerio de Trabajo, ninguna gestión empresarial es sostenible a largo plazo”, señala. Además insiste en que existe una taque y persecución “a la legítima actividad de la intermediación laboral por parte del anterior y del actual Gobierno”. No obstante, Gagliardo rechazó dichas expresiones y aseguró que se hará un seguimiento a dichas compañías. “Habrá que preguntarle de qué clase de inseguridad hablan (…). Ellos tenían permiso de funcionamiento pero al parecer no se adaptaron a la Ley de Tercerización e Intermediación Laboral”, puntualizó. En este marco, este jueves fueron clausuradas 41 empresas Tercerizadoras debido a que no tenían permisos ni registro, estatutos actualizados ni capital, exigido en las reformas al Código de Trabajo. A esto se suman unas nueve compañias que fueron multadas con seis salarios básicos. Es así que en la ciudad de Guayaquil fueron sancionadas 20 empresas y seis más fueron multadas con seis salarios básicos. Así también en Machala, provincia del Oro fueron clausuradas tres y se estableció multas para otras tres más. En Manta, en cambio se cerró a diez tercerizadoras, y solo se clausuró una empresa en Portoviejo Finalmente, en Quito, fueron siete las empresas que debieron cerrar sus puertas. Según Gagliardo, las empresas clausuradas no pueden volver a operar, a la vez que aclaró que los trabajadores pasarían a tener una relación laboral directa con las empresas que contrataron a las tercerizadoras.