Moreira, de 45 años, dijo que la propuesta es “buena” para quienes trabajan día a día en sus hogares. No obstante le quedan dudas.

“Seguí viendo las noticias, pero a los servicios de salud no vamos a poder acceder, según entendí”, cuenta Moreira. 

“El beneficio es para la vejez, muerte o si me pasa algo, eso escuché”, señala Natividad y cree que deberían existir más explicaciones del tema.

Un total de 45 artículos y cuatro transitorias contiene el proyecto de Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, presentado por el Ejecutivo.

A raíz de eso, se ha generado el debate en los sectores de trabajo. Unos dicen que se perjudicará a las familias, otros creen que las propuestas son muy buenas.

En el caso de las trabajadoras no remuneradas se plantea su afiliación, pero en efecto no accederán a beneficios como ?servicios de salud, seguro por riesgo del trabajo, fondos de cesantía, crédito hipotecario, quirografario, subsidio por enfermedad, subsidio por maternidad, entre otros.

El Gobierno espera afiliar a 1,5 millones de amas de casa en el país. En el proyecto se establecen cuatro niveles socioeconómicos para  el monto de aportaciones que será evaluado de acuerdo a los ingresos familiares.

Roosevelt Cedeño, jurista manabita, señala que lo que se propone  es positivo, pero carece de financiamiento.

“Lo que se ha planteado es quitarles a otras familias, para financiar las nuevas afiliaciones y esas afiliaciones tienen un beneficio parcial’’, dijo el abogado.

Esto lo dice porque en otra de las reformas se establece un límite a las utilidades de los trabajadores, que no podrán exceder de 24 Salarios Básicos Unificados ($8.160). En el caso de que sobrepasen el valor será entregado al Estado para “las prestaciones solidarias de Seguridad Social”, es decir para las amas de casa.

Utilidades. Juan Carlos Oleas, representante a nivel nacional de los trabajadores de la empresa Movistar, considera que el límite a las utilidades “es otro impuesto que se está imponiendo a los trabajadores del sector productivo ecuatoriano”.

“Lo que busca el Gobierno es financiar los proyectos que son responsabilidad de él y quiere hacerlo con dinero de los trabajadores”, indicó.

Oleas espera comparecer en la comisión de la Asamblea para detallar los argumentos por los cuales se oponen a la reforma, en este caso, del techo o control de las utilidades y añadió que es un tema “regresivo” en cuanto a derechos de los trabajadores.

“Queremos entender de dónde nace esta reforma de trabajo. No está muy claro, por ejemplo qué sucede con las cargas de cada una de las personas. No es equitativo una persona que no tiene cargas a una que sí las tiene. Hay algo que no cuadra en ese tema y queremos aclarar”, explicó Oleas.

El economista Ricardo Alarcón dice que el límite a las utilidades es “una manera de ser más justos en la distribución de las riquezas”. 

“Hoy no es equitativo, porque mientras uno recibe cero de utilidades otro recibe diez mil”, señala. 

“Meter la mano”.  Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, cree que con estas reformas se busca “meter la mano a los bolsillos  de los trabajadores”.

“Los trabajadores peleamos por una calidad para todos quienes tenemos relación de dependencia y en ese marco es que nosotros rechazamos estas reformas”, asegura Erazo.

El dirigente también cuestiona la seguridad social de las amas de casa por los mecanismos de financiación. “En un hogar donde tienen ingresos de 340 dólares el esposo debe destinar 75 dólares a la seguridad social, lo que estaría afectando el bolsillo del trabajador”, indica Erazo

“Nos preocupa que el Gobierno diga que para acabar con las inequidades se plantea que los que más ganan, hablando de los empresarios, ganen solamente 20 veces más. El problema no está en cuanto gana más el trabajador sino que con el sueldo que existe no se puede cubrir la canasta básica familiar”, asegura el dirigente.

Erazo indica que debe existir un nuevo Código Laboral que sea realmente socializado y espera que el Gobierno los escuche.

El Gobierno. Kerly Torres, asambleísta de PAIS y miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social de la Asamblea, defendió el proyecto del Gobierno y dijo que las puertas están abiertas a una reforma integral del Código Laboral en un futuro. 

Destacó que entre las reformas se elimina el contrato a plazo fijo, pues se convierte en un contrato por tiempo indefinido pasado el periodo de prueba. “Que sea de 24 meses es un atentado contra los derechos a la continuidad y sostenibilidad de su permanencia laboral”, destaca la legisladora.

En este punto, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, aclaró que los otros contratos seguirán existiendo.

“Esto no quiere decir que no pueden existir contratos ocasionales, contratos de temporada, etc., porque qué pasa en el sector agrícola o en la época navideña, ese tipo de contratos naturalmente que se mantienen”, dijo el funcionario.

También está la prohibición de despido y la declaratoria de ineficaz. Dentro de este punto está el despido nulo. En el caso de que un empleador despida a una mujer en estado de embarazo, automáticamente tiene que restituirla en su trabajo, dijo la legisladora.

En este artículo además se agrega el despido por discriminación, ya sea por afectar al trabajador debido a su condición de discapacidad, adulto mayor u  orientación sexual, entre otros casos. Torres menciona que se propone que cuando existan estas situaciones la indemnización sea del doble de la que actualmente existe.

En el caso de la mensualización de los décimos, la asambleísta aseguró que tanto para el sector público como para el privado será opcional.

La legisladora dijo que para el próximo miércoles es posible que la Comisión de los Derechos Laborales se reúna y empiecen los análisis a las reformas. Agregó que esperan que el primer debate sea para inicios de diciembre.