La cancillería norcoreana rechazó "rotundamente" la resolución de la ONU que, "liderada por EE.UU., busca derrocar al Estado socialista", y también amenazó con "intensificar la capacidad de disuasión militar" del país, según el comunicado.

Corea del Norte ya expresó su rechazo el martes a través de uno de sus diplomáticos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Choe Myong-nam, que atribuyó la resolución a "una escandalosa e irracional campaña de EE.UU. y sus acólitos".

El Gobierno de Corea del Sur, por su parte, expresó hoy que si Corea del Norte lleva a cabo otra prueba nuclear "se enfrentará a una dura reacción de la comunidad internacional", según indicó un portavoz del Ministerio de Exteriores en una rueda de prensa en Seúl.

Éste afirmó que el Ejecutivo surcoreano "se preparará para cualquier situación y cooperará con la comunidad internacional (...) para evitar que Pyongyang realice provocaciones como un ensayo atómico".

La resolución no vinculante aprobada el martes con 111 votos a favor, 55 abstenciones y 19 en contra insta a tomar medidas para que "rindan cuentas" los responsables de "crímenes contra la humanidad" en Corea del Norte, y deberá ser refrendada en diciembre por el pleno de la Asamblea.

La iniciativa busca en última instancia llevar el caso ante la CPI, algo que solo podría hacerse a través del Consejo de Seguridad, ya que Pyongyang no ha firmado el Estatuto de Roma para aceptar la jurisdicción del tribunal.

Aunque el caso llegue al Consejo se teme, sin embargo, que China y Rusia utilicen su derecho de veto para evitar que se juzguen en La Haya las violaciones de derechos humanos del régimen de los Kim, documentadas en un informe de la ONU que vio la luz en marzo.

Este informe, producto de una exhaustiva investigación sobre la base de testimonios de personas huidas del país, reveló pruebas de exterminio, asesinato, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos y privación de alimentos, entre otros.

Además, estimó que unas 120.000 personas permanecen recluidas en campos de trabajos forzados en diversas áreas del territorio norcoreano.

El Gobierno de Corea del Norte, que hasta ahora no ha permitido a los inspectores acceder al país para observar in situ la situación, siempre ha mantenido que los informes sobre derechos humanos en su país son inventados y buscan favorecer los intereses políticos de EE.UU. EFE