“Queremos que la CIDH pueda decir que hubo violación de derechos, sobre todo de los derechos de participación, y que pida y exija al Estado la reparación integral de esos derechos violados”, explicó en declaraciones una de las demandantes, Patricia Carrión. Las denuncias se produjeron ante la silla vacía de los representantes del Gobierno de Rafael Correa, que, por tercera vez consecutiva, se negó a enviar funcionarios al periodo de sesiones.

En una rueda de prensa el colectivo Yasunidos solicitó que “se declare la violación de derechos políticos” de Ecuador contra las 757.623 personas que, según el movimiento, respaldaron con su firma la celebración de una consulta popular sobre la explotación petrolífera.

Estas firmas, que comenzaron a recogerse en abril del 2014, buscaban hacer que el Ejecutivo ecuatoriano celebrara una consulta popular para tomar una decisión colectiva sobre una explotación petrolífera en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo.

“Se nos ha negado el derecho a participación en asuntos de interés nacional e interés público”, criticó Carrión, quien argumentó que la demanda también se fundamenta en los derechos de no discriminación, igualdad ante la ley y protección judicial. Además, la portavoz denunció que, un mes después de que recopilarse las firmas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó un nuevo reglamento, una “artimaña jurídica”, destinada a anular casi el 60 por ciento de las rúbricas.

Por su parte,  el presidente Rafael Correa dijo que “la CIDH se ha convertido en el Vachagnon (empresa que recogía basura) de la oposición” y agregó “qué pena que se haya rebajado tanto la CIDH”, opinó Correa luego de que ese organismo escuchó las denuncias de, entre otros, el colectivo Yasunidos.  Además tachó de “patrañas” las denuncias sobre la falta de independencia judicial en el país y se refirió a esas críticas como “el show de todos los años”.