Chambers y Portilla formaban parte de la veeduría ciudadana, junto a José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, para escudriñar los contratos de Fabricio Correa con el Estado.

En el informe aseguraron que el presidente Rafael Correa conocía de los contratos de su hermano Fabricio con el Estado ecuatoriano.

Esto fue negado por el mandatario, que los demandó por perjurio.

A Quishpe e Hidalgo el Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha les ratificó su estado de inocencia, pese a que, como los dos primeros, firmaron el informe que fue entregado al Contralor y que dio origen a este litigio penal.

Pese a no tener sentencia condenatoria, Hidalgo y Quishpe apelaron el fallo porque en éste se mantienen las medidas cautelares de carácter personal, esto es la prohibición de salida del país y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante la autoridad.