El Ministerio de Educación reportó que después de pruebas y evaluaciones del 2008, Manabí en las pruebas “Ser Ecuador”alcanzó la posición 21 con una puntuación promedio de matemáticas, lenguaje y ciencias de 478,5. Pichincha lideró con 534. No hay información a nivel de cantones.

El Instituto de Evaluaciones (INEVAL) en las pruebas“Ser Estudiante” del 2013, Manabí al terminar la primaria (7mo. EGB) registró el 15% como insuficiente, 75% elemental , 10% satisfactoria y 0% excelente. Al terminar la secundaria (3ro. Bachillerato) se registró 5% como insuficiente, 92% elemental, 3% satisfactorio y 0% excelente.

No se ha contado con más indicadores de calidad de la educación y la información disponible resulta muy pobre y no ayuda a un comprensible diagnóstico situacional (línea de base). 

Se ha solicitado al INEVAL información de las puntuaciones alcanzadas y desagregadas a nivel de cantones y parroquias rurales, pero han sido negadas. Se argumenta que la información es confidencial. 

Más, como el país no cuenta con un “Plan Estratégico de Mejoramiento de la Calidad de la Educación”, es preocupante que no se apliquen políticas y estrategias diferenciadas y subsidiarias, y, que no haya tal opción para el futuro de nuestros niños y jóvenes. Mucho más, tratándose de quienes se educan en los cantones más atrasados como Paján y Pichincha, que tienen sólo 5,6 años de escolaridad en promedio; Pichincha y Pedernales que registran sólo 87,0% y 88,3% en la tasa de asistencia neta en primaria; Pedernales y Paján con 44,2% y 49,4% de tasa de asistencia neta en secundaria.

Frente a esta realidad, es error pensar que sólo el Gobierno Central es el llamado a diseñar y ejecutar políticas de mejora. Pero, más temprano que tarde, se entrará en procesos de reversión.

Para intentar luchar contra la pobreza, las mejoras en la educación deberían ser una prioridad para la ciudadanía y quienes detentan los poderes públicos, que, apelando a las “competencias  concurrentes” asuman la responsabilidad de transformar la educación, que por mandato constitucional tiene que ser de calidad, inclusiva, igualitaria y con equidad interterritorial.

Las prioridades y tareas para mejorar la educación pasan por ampliar el acceso a la educación (no a la exclusión); mejorar la calidad del aprendizaje (más, la reflexión, el entrenamiento y el descubrimiento); y, fomentar la ciudadanía global (que forje sociedades más justas, competitivas, progresistas, e incluyentes).