Esta ley "permite defender a las pequeñas y medianas empresas, promover la inversión, estimular el empleo en las economías regionales y establecer condiciones de regulación por parte del Estado, a los efectos de evitar el abuso de posición dominante y apropiación indebida de excedentes en la cadena de producción", celebró hoy el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich afirmó que con esta norma se evita que "en la cadena de valor, los mismos 'vivos' de siempre, los que tienen posición dominante, perjudiquen al productor mediante un aumento artificial de precios".

Rechazó las críticas recibidas desde el sector empresarial y la oposición, que sostienen que el proyecto no cumple con los objetivos de la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, sino que establece la "intervención directa" del Estado en la economía y en las empresas.

"En un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión que permita generar empleo de calidad y crecimiento económico, iniciativas como esta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a esos objetivos que el propio Gobierno Nacional manifiesta promover", sostuvo la Unión Industrial Argentina en un comunicado.

En el mismo sentido se pronunciaron los diputados de los principales bloques opositores, que votaron en contra de la iniciativa en el Parlamento.

Durante la sesión, el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, definió la nueva ley como "absolutamente inconstitucional" y aseguró que impone la "discrecionalidad, pensando que generando temor se puede generar disciplina".