“Nunca había visto algo así, siempre se hacen hasta 20 dólares”, reniega este transportista de 64 años que es dueño de la unidad número 19 de la cooperativa de Transporte Urbano Picoazá.

Cuenta que lleva una década en el negocio y que cada vez la economía está más apretada, más aún contando la inversión que hizo.

Cambió su viejo bus Hino, de 1993, por un Volkswagen del 2012 que terminará de pagar en el 2017 con cuotas mensuales que bordean los 1.100 dólares. Explica que los costos operativos se han disparado, que la afluencia de pasajeros es a ratos mínima.

“A veces se hacen unos 40 dólares diarios”, calcula tras descontar combustible, pagos de chofer y oficial (contando la Seguridad Social), lubricantes y otros rubros.

Quejas. Los transportistas urbanos tienen un pedido unísono: que suba el pasaje. 

Carlos Gallardo, de la cooperativa de buses urbanos Villa de Oro de Jipijapa, lo explica. “Tenemos que pagar las letras del carro, chofer, mantenimiento. Los gastos superan los 1.500 dólares mensuales y lo que se recauda llega a 1.200”, detalló.

Milton García, gerente de la cooperativa de buses urbanos Ciudad del Valle de la capital provincial, señala que desde la última alza de pasajes, en enero del 2003, hace once años, todo ha subido. “Cambiar las llantas costaba 1.200 dólares ahora son casi 3.000”, dice el dirigente de este colectivo que agrupa 50 transportistas.

Añade que el problema se agrava al dejar de recibir en mayo el subsidio de 350 dólares que entregaba el Estado en compensación del “medio pasaje” que pagan estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad. 

Cuenta que el pago sólo se ha hecho hasta diciembre del año pasado.

“Antes podíamos renovar unidades ahora sólo tenemos deudas y problemas”, se lamenta Jorge Monge, gerente de la cooperativa de buses urbanos Portoviejo.

Polémica. El pedido de los transportistas generó un debate sobre quién debe normar el tema. La competencia sobre la fijación de precios de los pasajes de transporte terrestre urbano recae en los gobiernos locales, los cuales deberán asumir el costo político de esa decisión, dijo el presidente Rafael Correa.

 El pasado miércoles una veintena de autoridades locales no afines al Régimen (incluyendo a Jaime Nebot, de Guayaquil, y Mauricio Rodas, de Quito) se reunieron en Guaranda y en un punto de la resolución que firmaron se señaló: “Sobre las tarifas de transporte público, actuaremos en defensa de la economía y el bolsillo de los ciudadanos, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que (...) fije la política y estructura tarifaria del transporte público”, señaló El Universo.