Eso es lo de mayor importancia para todos los ecuatorianos.  En estos momentos está en el tapete la discusión del alza del valor del pasaje, problema que en determinado momento se lo maquilló con un subsidio al pasaje urbano y ahora se expresa que son los gobiernos seccionales los que deben destinar recursos para este fin, claro en las entidades que ya asumieron la responsabilidad y competencia del transito, que son solo 23 o 24 municipios, de los más de 200 que existen, lo que convierte en inviable la propuesta. Luego, ¿qué va a ocurrir al respecto?

Las entidades de transportistas urbanos aspiran a un incremento en el pasaje que llegue a 42 centavos; actualmente cuesta 25 centavos. Enseguida se eleva el rechazo de usuarios diarios, de la clase obrera y estudiantil junto a todos sus allegados, por este aumento que les afectaría en su economía.  

Muchos enterados consideran que fue apresurado el traspaso de competencia a los municipios, pues se puede contar como muy pocos los que realmente podrían asumir la responsabilidad. 

Y los GADs  más pequeños no podrán en muchos años hacerlo por carecer de recursos y medios logísticos disponibles para esta función, que debería seguir en manos de la Policía Nacional u otro cuerpo con cobertura de financiamiento estatal.  

Y no es solo el problema del valor al transporte, en todo el ámbito nacional existe el asunto de la transportación rural-urbana, es decir campo – ciudad que no se lo afronta en la amplia medida que crece todos los días con cada vía que se apertura y por ello reclaman los habitantes rurales. 

Igual problema existe con el uso de las llamadas mototaxis que en decenas de poblados son los únicos que realizan transporte múltiple;  sus dueños expresan la necesidad de laborar para subsistir, los taxistas se oponen y no hay una regulación para que este servicio sea seguro hacia el usuario.  

Por lo dicho, creemos lógico establecer un diálogo entre todos los involucrados y obtener, repetimos, propuestas técnicas y compartir responsabilidades, si es del caso, que en verdad beneficien a los miles de usuarios. 

Mientras, personeros municipales opinan que el Estado debe seguir aportando para un servicio que resulta indispensable a lo largo y ancho del Ecuador.