En una reunión de 22 funcionarios entre prefectos y alcaldes, en Guaranda, provincia de Bolívar, se impugnó la responsabilidad de los concejos cantonales de señalar tarifas de transporte urbano y la intervención que el gobierno pretende hacer en el uso de suelo.

Esa cita ha sido calificada por el Ejecutivo como meramente política, término compartido por el presidente de Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), quien calificó de igual manera la indicada sesión.

Aquello evidencia a grosso modo su posición aliada al gobierno, así como deja al descubierto una división existente en esta entidad.

Y, al parecer, es lo que se sigue imponiendo en el desarrollo de los procesos administrativos, una política partidista de mando y sometimiento, más no deliberante.

En norte que presagia, entonces, es de nuevos inconvenientes en el país.

Esto, indudablemente, de no mediar la razón y la comprensión entre los actores políticos-sociales.