Tras la reunión que mantuvo el martes con la directora provincial del Miduvi, a la que no tuvo acceso la prensa, Casanova dijo que insistirá al ministro para que se haga una excepción al reglamento que impide efectivizar la orden del juez para que se intervenga en Picoazá. “Porque esto no espera; el proceso es largo y puede implicar que los ciudadanos pasen aquí arriba el próximo invierno”, precisó. 

El alcalde recorrió ayer las zonas de riesgo de la parroquia San Pablo (Los Cañonazos, El Rocío, Briones) donde conversó con los moradores, que pidieron soluciones. Dijo que 53 familias han sido notificadas. 

Al consultarle sobre el valor fijado por el juez que debe pagar el municipio, dijo que están asignados los recursos, pero hay una diferencia de valores. “Ojalá el Presidente nos pueda escuchar el viernes; son dineros del Estado que tienen que servir para nuestros ciudadanos. No estamos pidiendo que bajen el valor (del terreno) para algo privado, hablamos de gente que está en riesgo”, dijo.