El Ministerio de Comercio Exterior, en un comunicado, reiteró que su Gobierno "tiene el legítimo derecho de aplicar una política regulatoria de calidad, cuyo objetivo es garantizar la salud, la seguridad, el orden público, la protección del medio ambiente y los derechos del consumidor" ecuatoriano.

La normativa, según el Gobierno ecuatoriano, busca garantizar la óptima calidad de los bienes que circulan en el mercado nacional, especialmente en el sector agroindustrial, cosméticos, de higiene y limpieza, plásticos y sus manufacturas, químicos y juguetes.

En cuanto a la investigación abierta por la Secretaría de la CAN, el Ministerio aclaró que las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la misma Comunidad "permiten reconocer y aceptar los estándares y niveles de calidad de otros países, siempre y cuando se tenga convencimiento que los mismos sean conformes o superiores a los nuestros".

Para fijar esa normativa, Ecuador consideró que, "en función de la infraestructura de calidad, su política regulatoria y reglamentación técnica vigente, los productos de la Unión Europea garantizan los niveles de calidad equivalentes e incluso superiores a los que mantiene el país".

Asimismo, recordó que entre los países miembros de la CAN (formada además por Bolivia, Colombia y Perú) "rigen los mecanismos de reconocimiento mutuo de las certificaciones de calidad en la normativa andina".

Por esas consideraciones, el Gobierno ecuatoriano analiza acciones judiciales frente a la resolución de la Secretaría General de la CAN que a comienzos de junio pasado resolvió conceder a Ecuador un plazo de 15 días para que informara acerca del levantamiento de la normativa, cuestionada por Colombia y Perú.

No obstante, la Secretaría General, el 24 de junio pasado, decidió suspender temporalmente su resolución contra Ecuador, en vista a un recurso de reconsideración presentado por el Gobierno de ese país.