En la reunión del Comité de Operaciones Emergentes (COE) realizada ayer, no se dio paso al pedido.

La gobernadora de Manabí, Susana Dueñas, señaló que los justificativos expuestos por los integrantes de la mesa 1 del COE provincial, liderada por la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), no están dentro del marco jurídico que contempla las condiciones para efectuar una declaratoria de emergencia.

Las emergencias son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, sequías y otras que provengan de caso mayor o fortuito. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, se expuso en el COE.

En el informe que sugería la declaratoria se planteaba que debía darse por las descargas de aguas servidas.

Leonardo Hidalgo, director de Gestión Ambiental de la Prefectura, destacó que la declaratoria era la posibilidad de mitigar en seis meses estos problemas de contaminación. “Sólo en Portoviejo se han detectado 338  conexiones, el municipio no tiene 400 mil dólares para realizar el taponamiento de estas guías”, justicó Hidalgo.

“Una declaratoria de emergencia del río no está dentro de lo que señala el marco jurídico, la contaminación obedece a la falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales” indicó la gobernadora.

Xavier Valencia, coordinador del Ministerio de Agricultura, señaló que este problema se debe analizar más integralmente.

“Los municipios y las sociedades hemos fallado al permitir asentamientos en lugares de riesgos y esto ha obligado a que el problema se agrave, las descargas al río son un efecto del problema”, dijo Valencia.

Del río toman agua cinco plantas potabilizadoras que abastecen al menos a nueve cantones, casi el 70% de la población de Manabí.

Datos del Ministerio de Salud del 2012 y 2013, referentes a las enfermedades diarreicas agudas, señalan que 73.257 habitantes estuvieron expuestos a este tipo de patología, asociada al consumo de agua con altos niveles de contaminación, según Ambiente.

José Castro, del Colectivo Ciudadano de Defensa del Río, señaló que apoyan la decisión del COE porque no hay nada claro en el pedido del Gobierno Provincial y lo que se debe hacer es un desazolve real y eliminar las agresiones como descargas de aguas negras.