“Es obligación de todo medio de comunicación público, privado o comunitario, que para la difusión de casos de justicia indígena, previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas concernidas y comunicar los hechos asegurando la veracidad y contextualización, reportando de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción”, manifestó Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional.

La Corte pidió a las autoridades judiciales que difundan esta norma.

La resolución fue anunciada al mismo tiempo que daban a conocer que no hubo doble juzgamiento en el caso “La Cocha”.

Este caso tiene que ver con la muerte de Marco Olivo, ocurrida en el año 2010, cuyos presuntos responsables fueron sancionados tanto por la justicia indígena como por la ordinaria.

Los cinco acusados fueron sancionados por su comunidad indígena (La Cocha, provincia de Cotopaxi) a través de latigazos y baños de agua fría, pero además la Fiscalía y los jueces los sancionaron, por lo que permanecieron detenidos un año, según la reseña de los medios.

En torno al caso, la Corte también resolvió que a partir de ayer los delitos contra la vida serán juzgados únicamente por la justicia ordinaria y no por la indígena, aunque el hecho se registre en una comunidad indígena, o sean indígenas la víctima o el victimario.

La resolución se dio cuatro años después de que se presentara el pedido a la Corte Constitucional.