Según Leonor Arteaga, miembro de la Fundación, esta injerencia se la puede ver desde el 2011, cuando se realizó la reforma al sistema de Justicia y se creó el Consejo de la Judicatura en transición.

“El Consejo presiona a través de sanciones a los jueces que no dan resoluciones favorables al Gobierno. Con esto ha generado que la justicia no sea independiente y que los jueces tengan mucho temor”. 

En el informe se analizan 12 casos judiciales de relevancia política. Entre ellos se encuentra el caso de los 12 jóvenes del Central Técnico acusados de rebelión, los 10 de Luluncoto sentenciados por tentativa de terrorismo, el caso Mery Zamora y las sanciones a diario El 

Universo y La Hora, entre otros.

 jalkh.  El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh,  rechazó este informe y lo calificó como una recopilación de opiniones políticas. “No tiene ningún derecho para hacer y menos aún si no tiene ningún fundamento académico, jurídico y técnico para fundamentar sus afirmaciones”, añadió Jalkh.