En un informe titulado “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas”, la CIDH pone de manifiesto la fragilidad de las comunidades en esa situación.

Se calcula que son unas 10.000 personas en total, dada su incapacidad de abogar por sus derechos.

“Si no logramos asegurar su protección contra estas incursiones, enfrentamos el riesgo de ser testigos de la desaparición completa de los pueblos indígenas”, aseguró la CIDH.

El organismo insta a proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y considera que si no se preserva su diversidad cultural sería una pérdida para toda la humanidad. 

Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela han reconocido, con diferentes niveles de protección jurídica, más de 9 millones de hectáreas a favor de pueblos indígenas que viven al margen de la sociedad general.  En el informe recomiendan que para preservar este colectivo se figure el reconocimiento de su existencia y su derecho a la autodeterminación, la protección de sus territorios y recursos naturales, así como su derecho a permanecer en aislamiento.