Estos inmuebles, en su mayoría con 100 años de construcción, se ubican en  la avenida 2 hasta la 6 entre las calles 9 y 13.

 

La mayoría son de construcción mixta. Unas de madera con ladrillo, otras de madera y caña revestida con alambre y cemento. Casonas que son alquiladas para diferentes negocios en sus plantas bajas. Raúl Trámpuz, concejal y promotor de la ordenanza aprobada en primera instancia, el pasado miércoles, aseguró que este cuerpo de ley entre otras cosas busca hacer respetar el descuento del 50% de los predios urbanos y tasas que deben cancelar anualmente los propietarios y herederos de estos bienes.

También obliga a sus dueños a mantenerlas para evitar su deterioro. Al igual que facilita  convenios tripartitos de financiamiento para rehabilitarlas. Igualmente faculta al municipio comprar estos patrimonios con el apoyo de  organismos del Estado para darle uso de aporte cultural a la ciudad, tal como ocurrió con el Museo Cancebí, destacó.

sin apoyo. Héctor San Martín, dueño de la casona donde funciona Lavamatic en la calle 11, no cree mucho en la propuesta de ordenanza, precisamente, porque el propio municipio no ha respetado la ley del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural (INPC) que exonera el 50% del pago de los predios y más tasas, anotó.

“El INPC ni el municipio apoyan para el mantenimiento, y lo peor de todo es que  estamos impedidos de negociarlas para reemplazarlas con modernos edificios”, agregó. Ni siquiera la ciudad gana con estos patrimonios que en su mayoría, ahora son un peligro, acotó.