Y de hecho, ya en la práctica, es el Estado el verdadero promotor de obras, con créditos en gran porcentaje no reembolsables, en entes seccionales que se manejan con su escuálida economía solo bajo esta modalidad de casi auto dependencia; y que aun así, en muchos casos, termina asumiendo la totalidad del crédito por causas circunstanciales propias de nuestra idiosincrasia, sin descartar afinidades ideológicas etc.,

Como alternativa dispuesta por el propio Presidente, se anuncia el aumentar la capacidad de endeudamiento del ente público y con un mayor plazo de pago, cosa que para una gran parte de estos sectores le va a permitir volver a financiar con el Banco del Estado sus requerimientos de inversión, pero con un alto riesgo de comprometer sus escuálidas rentas en la totalidad  de la obra a ejecutar. Costo realmente demasiado alto para entidades seccionales, donde no se prioriza las necesidades de la población en las obras a ejecutar, dando paso, en inversiones muchas veces suntuarias, que no brindan la capacidad de recuperación necesaria que justifique el endeudamiento. O lo que es innegable y pan de cada día, el ver obras inconclusas o mal ejecutadas por contratistas que gozan de una patente de corso para que nadie les diga nada por su descaro e indolencia.

Si el Estado tuviera recursos, lo justo sería que como parte de esta misma medida de austeridad se disponga una severa auditoría a los empréstitos pendientes y vigentes por estos organismos, determinándose si realmente la obra fue ejecutada y el estado en que se encuentra, y si realmente brinda beneficio a la comunidad que es la que realmente, después del Estado, a quien se le factura el costo de la obra.

Y para el caso de una obra inconclusa, mal ejecutada o sin beneficio real para sus propios vecinos, condonar su costo, liberar al ente de un pago por la ejecución de una obra sin un beneficio real, como un castigo para el mismo papá Estado por su falta de control, de manera directa o indirecta, en la concesión del crédito. Y de paso, identificar a esta cadena de beneficiados contratistas que han hecho de la contratación pública una fuente de incrementar notoriamente sus arcas, sin redundar en cumplir lo realmente contratado..