“Correa quiere matarme”, gritó al ser llevado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Panamá. 

“Soy un perseguido político por denunciar los actos de corrupción del gobierno de Correa”, aseguró Lara haciendo con sus manos la V de “victoria”, momentos después de llegar escoltado y esposado. 

Lara, cuyo asilo territorial en Panamá fue revocado el pasado 19 de mayo por el gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, fue detenido ayer en la madrugada en la provincia central de Veraguas.

Su abogado. “Él tiene actualmente el estatus de refugiado, por lo que en principio, según su carné de refugiado, debe ser entregado (por la Policía) a las Oficinas de los Refugiados y no puede ser objeto de ninguna persecución”, declaró su abogado José Nelson Brandao a la cadena local TVN.

Brandao mostró a las cámaras el carné que, aseguró, confirma el estatus de refugiado del exlegislador.

El abogado dijo que el Gobierno de Panamá debe analizar la condición de “refugiado” de Lara antes de ser “deportado” a Ecuador, porque, sostuvo, el político opositor “corre peligro” en su país.

Lara informó el pasado 23 de mayo que había recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar protección ante la supuesta persecución política que sufre, el mismo argumento que presentó cuando en septiembre de 2013 pidió asilo en Panamá, que se lo otorgó oficialmente el 22 de octubre del mismo año.

Brandao resaltó que ayer se presentó ante la Cancillería de Panamá una solicitud de reconsideración de la revocación del asilo territorial, y que “primero debe resolverse” esa petición “antes de devolverlo a Ecuador”. 

Canciller. Mientras que el canciller, Ricardo Patiño, dijo  a periodistas que, “con el pedido que el Gobierno del Ecuador ha hecho, tanto de la deportación como de la extradición, esperamos que lo más pronto posible” el arrestado “pueda cumplir su condena como corresponde en el Ecuador”.

El Ministro destacó también la actitud del Gobierno de Panamá, que “en buena hora” comprendió que no se trataba de un problema político, sino de un “delito común”, por lo que decidió revocar el asilo. 

Lara fue sentenciado a 10 años de cárcel como cómplice de un triple crimen ocurrido en agosto de 2011 en la provincia de Los Ríos, sentencia ratificada por un tribunal penal en noviembre de 2013. 

Por este hecho hay una mujer detenida acusada como autora intelectual del asesinato y que sería la pareja del político.