El traslado a Catar de cinco presos que integraron la cúpula del régimen talibán en Afganistán y que llevaban más de una década en Guantánamo ha despertado críticas por la decisión del Gobierno de desplegar la operación sin avisar al Congreso y la percepción de que ha roto su política de no negociar con terroristas.

Precio. “La fuente principal de financiación de Al Qaeda son las recompensas por secuestros. Y acabamos de ponerles precio”, dijo el legislador republicano Mike Rogers, quien preside el comité de Inteligencia de la Cámara baja. “Al negociar en este caso, hemos enviado un mensaje a todos los grupos de Al Qaeda de que ahora los rehenes estadounidenses tienen un valor que antes no tenían. Eso es peligroso”, agregó. 

El trato para lograr la liberación del militar estadounidense retenido en Afganistán, Bowe Bergdahl, también fue condenado por los dos republicanos de más alto rango en los comités de Fuerzas Armadas de la Cámara baja, Howard McKeon, y del Senado, James Inhofe. “Intercambiar a cinco altos líderes talibanes detenidos en Guantánamo por Bergdahl podría tener consecuencias para el resto de nuestras fuerzas y para todos los estadounidenses. Ese incentivo pondrá en un peligro aún mayor a nuestras fuerzas en Afganistán y en todo el mundo”, indicaron McKeon e Inhofe en un comunicado.

La asesora de seguridad nacional del presidente Obama, Susan Rice, respondió a esas críticas con el argumento de que EE.UU. tiene un “honor sagrado” de devolver a casa a los prisioneros de guerra.