Sanciones dispuestas por magistrados, siempre conocidos por esta predisposición de acatar el sentir del ejecutivo públicamente expresado y sin limitación alguna, que contrastan con otro tipo de penas que realmente sorprenden, dígase los tres meses impuestos al ex Ministro de Educación del régimen en un caso de peculado, agarrado con las manos en los documentos y a punto de ser digeridos.

Es verdad que este es uno de los tantos procesos que se han instaurado en contra de este ex -alto funcionario, pero la discordancia radica en el hecho de que, configurado el delito de peculado, se imponga tan diminuta pena, lo que hace que los dardos se inclinen por apreciar la existencia una justicia que esta maniatada, frente a la dureza en la imposición de condenas que se están dando en contra de quienes no gozan de los privilegios de tener padrinos o amigos de tan alto nivel

De ahí que desestimar el fallo del inferior que le impuso 8 años de prisión, declarando inocente a la dama profesora Mery Zamora, bien pudiera ser receptado de que la justicia estaría reflotando aunque sea de manera puntual.

Y que sí existen todavía magistrados que emergen probos en este mar de impositivas influencias, con el riego de ser severamente investigados y sancionados por este publicitado fallo.

Bien por la altiva dama que nunca se amilanó frente a esta adversidad inminente, manteniendo su lucha con altivez y decoro sin descender a la ofensa o al agravio. 

Bien por la recuperación aunque sea momentánea y parcial de la fe en la justicia, por una ciudadanía que no ha receptado las exageradas limitaciones de acudir libremente ante sus administradores y operadores, a quienes se mantiene en una especie de cautiverio, volviendo inaccesible el llegar a ellos, contrariando la norma constitucional del libre acceso a la justicia.

Contribuye también este fallo, a no caldear más el ambiente político, dado su innegable origen, frente a las discrepancias que se darán en materia de interpretación constitucional, ante el ya público anuncio del Presidente Correa de auspiciar una reforma a la Constitución que permita una vez más su reelección, manteniendo la tesis que tal reforma no requiere de un pronunciamiento popular vía referéndum.