Zamora, activa líder de la Unión Nacional de Educadores (UNE), de la cual fue su presidenta nacional, había sido condenada a 8 años de prisión por un juez, sentencia ratificada posteriormente por una instancia superior bajo la acusación de agitadora, promotora de acciones calificadas por el gobierno como de apoyo a la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010.

El pronunciamiento de la Sala, como era de esperarse, motivó la alegría de la beneficiada, de sus partidarios y de la generalidad de las personas que concebían como una injusticia la pena de encarcelamiento dispuesta en su contra.

Es que doña Mery, a todas luces, estaba siendo víctima de la vorágine de persecuciones que la insatisfacción de los policías insurrectos desatara oficialmente, en una aparente necesidad de encontrar culpables del movimiento que, según el gobierno, fue intento de magnicidio contra el presidente Rafael Correa.

Aquello no pasó desapercibido por la colectividad, que moralmente brindó su apoyo a la dirigente del magisterio.

Es que hacerlo físicamente, con manifestaciones públicas, podía ponerlos en peligro de ser acusados de algo similar a quienes las realizaran.

Como era de esperarse, vino como reacción inmediata el contraataque oficial. 

El presidente Correa ha calificado de “terrible” el comportamiento de los magistrados, opinando que existe algo raro en la decisión judicial.

A la vez, amenazó públicamente con “... acudir a todas las instancias para sancionar aquello”.

Algo similar a ciertas ocasiones anteriores, cuando no satisfizo ciertas sentencias y, si no me equivoco, por coincidencia se revocaron y despacharon a los jueces a sus casas.

Ahora los abogados de Zamora han dejado a entrever la posibilidad de presentar querella contra el Estado.

De igual manera contra el gobierno y hasta del mismo presidente, por injurias, sufrimiento familiar, daño moral, profesional; y a su dignidad de mujer, maestra y madre.

De ser así, habrá una nueva prueba o intento de poner al mandatario en el banquillo de los acusados.

Y se lo haría por lo menos para ver qué pasa, aunque, para muchos, con los ejemplos existentes, el resultado como que es predecible.

Pero es una buena oportunidad para recordar cómo la justicia procedió en casos de injurias seguidos por el jefe del estado, a saber, contra el editor de las páginas editoriales de diario El Universo, contra el mismo medio de comunicación y tres de sus directivos y propietarios, los hermanos Pérez; contra Cléver Jiménez y sus abogados, al igual que de los autores del libro El Gran Hermano, principalmente.

Pasará el tiempo y veremos cómo amanecen los días.