Tremenda híper concentración de poder que se atribuye le han concedido; y habida cuenta que solo en la región a su cargo existen aproximadamente tres mil quinientos planteles educativos, solo este hecho, de cumplirse, privaría a toda una comunidad de recabar información en zonas donde la multifacética funcionaria no resida. En otras palabras, conocer sobre la marcha de la educación - de por cierto decadente - a un padre de familia o a la prensa misma estará vedado.

Pero, en un verdadero contraste a esta absurda limitación de informar a la sociedad el desarrollo de la actividad educativa a padres de familia e interesados, la misma funcionaria a renglón seguido manifiesta dar las gracias a la prensa por haber hecho notar omisiones en las que ellos incurrieron, y que al conocerlas por esta vía se aprestaron a resolver, dudando eso sí, de la verdadera intención o espíritu de la publicitada falencia.

La Constitución de Montecristi, obra y gracia de la “revolución ciudadana” establece como garantía “Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir  y  difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural,  sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”.

“2. Acceder  libremente  a  la  información generada en entidades públicas,  o  en  las  privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”.

Frente a estos escenarios, es deber de la prensa cumplir con la norma legal de mayor jerarquía, acatando la norma constitucional, resaltando el deber de informar cumpliendo  su rol, seguramente con discrepancias que deberán ser resueltas por el organismo de control, como ya se está dando, evidenciando eso sí, que no se puede dar paso so pretexto de la vigencia de la Ley de Comunicación a interpretaciones exageradamente extensivas que afectan es al ciudadano común y limitan el deber de informar.