Santos confesó que se trata de una “decisión controvertida” que algunos no compartirán, pero insistió en que su “obligación” es “cumplir con la ley” y respetar “la independencia de los poderes”, ya que en caso contrario “la democracia comienza a vulnerarse”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró que el organismo “valora muy altamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Colombia”, al restituir a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.

Juan Manuel Santos destituyó a Petro el pasado 19 de marzo, al acatar una orden de la Procuraduría que el 9 de diciembre del 2013 argumentó que el alcalde había cometido graves fallas durante la implantación de un nuevo modelo de recolección de basuras un año antes.

LO MULTAN. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impuso una multa de 410 millones de pesos (unos 212.472 dólares) al restituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y ordenó el cese del actual sistema de recolección de basuras que precisamente motivó su destitución.  

El 18 de diciembre del 2012 y durante varios días, Bogotá amaneció repleta de bolsas de basura como consecuencia de un complicado relevo entre un modelo privado de recogida de residuos a uno público, con el que Petro pretendía ahorrar millones en el pago a cuatro grupos privados y reinvertirlos en programas de reciclaje. 

La procuraduría de Colombia, a través de su titular Alejandro Ordóñez, anunció que apelarán el fallo.