Valls detalló el plan de reducción del gasto en 50.000 millones de euros (unos 69.000 millones de dólares) en los tres próximos años, destinado en primer lugar a financiar el llamado “pacto de responsabilidad” para reducir masivamente las cotizaciones sociales que pagan las empresas para mejorar su competitividad.  

Pacto. Con ese “pacto de responsabilidad”, explicó, se pretende “bajar el costo del trabajo” para “dar al tejido económico la capacidad para afrontar mejor la competencia, desarrollar mejor sus actividades y ponerse a contratar, sin que sea necesario cuestionar nuestras reglas sociales, en particular el salario mínimo”.

Una alusión directa a la propuesta lanzada por el presidente de la patronal, Pierre Gattaz, que propuso la creación de una retribución por debajo del nivel del salario mínimo para jóvenes o personas que llevan mucho tiempo alejadas del mundo laboral, pero con carácter temporal.Pero la parte que más caló de los anuncios del primer ministro socialista fue que se van a congelar los sueldos de los funcionarios y que lo mismo ocurrirá hasta octubre del 2015 con las pensiones, salvo las más bajas, y con las prestaciones sociales, a excepción de las de subsistencia.

Valls recordó que el gasto público en Francia representa el 57% del producto interior bruto (PIB) y que la deuda, que era del 50% del PIB en el 2002, había subido al 90% al terminar el mandato del presidente conservador, Nicolas Sarkozy, en mayo del 2012, y ahora es superior. Garantizó que Francia cumplirá sus compromisos de disminución del déficit público y lo justificó, no porque sea una imposición de las instancias europeas, sino porque “es la base de la credibilidad y de la confianza”, dijo.