La Corte recibió en enero una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de las menores, quienes fueron retenidas por indígenas waorani después de que éstos, supuestamente, perpetraran una matanza contra los taromenane, pueblo al que ellas pertenecen, el 30 de marzo de 2013, motivados supuestamente, por una venganza.

La PGE destacó a través de  un comunicado que, de acuerdo con la Corte, “el Estado ha tomado medidas concretas que han mitigado la situación de extrema gravedad, urgencia y posibilidad de la consumación de un daño irreparable” a las menores planteado por la Comisión en su petición.